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Hugo Novales, quien expuso el resultado del estudio, asegura que es una práctica común el hecho de recibir fondos o recursos de personas particulares, por lo que asegura que se hace necesario que el TSE tenga la capacidad y fortaleza institucional para realizar un mejor control al financiamiento de los partidos políticos, dado que, cuando un candidato compromete su candidatura, está también comprometiendo su posible administración.

Según Sanabria, el proyecto podría fortalecerse si se estudia a profundidad cambios en el reglamento “recordemos que aunque es el TSE el órgano encargado de fiscalizar a los partidos políticos, también hay instituciones que se involucran y deben cooperar con el TSE para que realice su mejor trabajo de fiscalización, entre ellas la Contraloría General de Cuentas, CGC, la Intendencia de Verificación Especial, IVE, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, y la Superintendencia de Bancos e incluso el Ministerio Público, en ese sentido, instamos al TSE a que busque los mecanismos de establecer los convenios interinstitucionales que le permitan un mejor desarrollo de la actividad fiscalizadora”, concluyó.

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