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EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

RESPECTO A LA PROPUESTA DE  REFORMA A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,

A LA CIUDADANÍA

HACE SABER:

 

El Tribunal Supremo Electoral, reitera que está totalmente comprometido con la defensa de los principios democráticos,  la pureza del proceso electoral y la evolución democrática de Guatemala, de conformidad con la Constitución Política y la legislación electoral en general.

A partir de la toma de posesión de nuestros cargos al servicio del Estado y no de partido político alguno, se ha procurado la corrección de las malas prácticas político-electorales. Se comparten las intenciones tanto de la ciudadanía como de los miembros de los organismos del Estado que busquen no solo el fortalecimiento de las organizaciones políticas, sino también su depuración, la actualización de la normativa vigente y por supuesto de nuestra democracia representativa.

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República de Guatemala, ha puesto extraoficialmente en circulación documentos relativos a una eventual reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a los cuales denominan “borrador (1, 2, 3)”. El  Tribunal Supremo Electoral ha estudiado detenida y cuidadosamente las versiones elaboradas por la referida Comisión, ante lo cual en observancia del mandato de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, leyes y demás disposiciones en materia electoral, y respetuoso de la eventual revisión constitucional a cargo del órgano especializado, manifiesta su inconformidad y de forma atenta, presenta a la ciudadanía las consideraciones siguientes:

 

1.  CIUDADANIA Y VOTO.

A)  EMPADRONAMIENTO AUTOMÁTICO. (Artículos 3 y 22: reforma artículo 8 y adiciona literal y) al 125 del Decreto 1-85). SON INCONSTITUCIONALES.  En el caso del “empadronamiento automático”, la intencionalidad del ciudadano para empadronarse la recibe el Registro Nacional de las Personas (RENAP), y no el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El Registro de Ciudadanos operaría con una base de datos alimentada por el RENAP. Contradice la literal a) del artículo 136 constitucional el cual  establece que, el derecho de inscripción para ser incluido en el padrón electoral se ejercita directamente ante el Registro de Ciudadanos y no ante el RENAP. Existiendo además antinomia con la literal b) del artículo 3 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Amén del riesgo potencial que el RENAP cuente con una base de datos sin control del Tribunal Supremo Electoral, único órgano  facultado para su resguardo.

2.   PARTIDOS POLÍTICOS.

A) Derechos y obligaciones

a) Fiscalización al Tribunal Supremo Electoral. (Artículo 4: reforma: literales  c), e) y g) del artículo 20 del Decreto 1-85).

Dispone la facultad de los fiscales de los partidos políticos de asistir y fiscalizar las acciones del Tribunal Supremo Electoral y órganos electorales temporales durante el proceso electoral. No limita el campo de fiscalización, debería ser únicamente en relación con las actividades del proceso electoral, no administrativas.  Interfiere en la independencia del Tribunal Supremo Electoral.

B)  FINANCIAMIENTO. (Artículos 6 y 7: reforma  Artos. 21 Bis. y 21 Ter. del Decreto 1-85).

a)  Aumenta el financiamiento público (De $US 2.00 a $US 3.00), e incluye expresamente la posibilidad de destinarlo para cubrir compromisos financieros internacionales (afiliación a redes y capacitaciones del extranjero) y pagar deuda atrasada de campaña electoral. Fijar en $US 3.00 dólares de los Estados Unidos de América el financiamiento, incrementaría los presupuestos, además la reforma no está propiciando el fortalecimiento y descentralización de las organizaciones políticas.  No sería conveniente dado que incrementaría el costo de las elecciones.

b)  Desnaturaliza la centralización o fin del financiamiento, al modificar los porcentajes de su destino, asignando 70% para funcionamiento del partido. Asimismo, dispone que el Secretario General Departamental distribuya los fondos discrecionalmente. Siendo que el espíritu de la norma es el fortalecimiento  integral de las organizaciones políticas  y capacitación de sus bases.

 

c)  Aumenta el límite de gastos de campaña electoral, cuadriplica peligrosamente el mismo, el cual rebasaría los 200 millones de dólares estadounidenses.

 

La literal e) del Artículo 21 Ter. de la ley vigente, establece que el límite de gastos de campaña será a razón de $US 0.50 por ciudadano empadronado. En 2015 fue de Q. 58,229,625.26.

 

En la reforma de la literal e) (No se aclara si es por cada circunscripción territorial o en su conjunto), pudiendo llegar a estas cifras: 

 

o    Municipales: $US 750,000.00 (Q. 5,497,500.00)

 

o    Diputados distritales: $US 400,000.00 (Q. 2,932,000.00)

 

o    Presidente y vicepresidente, Listado Nacional, PARLACEN: $US 0.50 por empadronado.

 

C) Órganos de los partidos.

 

a) Artículos 9, 10 c) y 15: Reforma último párrafo artículo 25, literal c) artículo 27; y adiciona último párrafo artículo 35 del Decreto 1-85). La participación de funcionarios públicos (alcaldes y diputados) y secretarios, con voz y voto en las Asambleas correspondientes, perjudica a la de democracia interna del partido y podría atentar contra la disposición constitucional que regula: “…los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político…” y la prohibición electoral de los funcionarios públicos de “…promover imagen personal…” o “…dedicarse en la jornada laboral a actividades políticas…”. (Artículos. 154 Constitucional, 223 literal f) Ley Electoral y de Partidos Políticos, 94 de su Reglamento, integrados con artículos 1 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, 17 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso de la República y 48 de la Ley de Antejuicio).

3.  AUTORIDADES Y ORGANOS ELECTORALES

A. DEFINICIÓN DE TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. (Artículo 19: reforma artículo 121 del Decreto 1-85)  En la definición del concepto Tribunal Supremo Electoral, se reduce su competencia y se relativiza su independencia. Se pretende subordinar al control del Congreso de la República al Tribunal Supremo Electoral, al establecer entre otras disposiciones, la obligación de someterse a “los procesos de control” y “obligación de informar”. Se reitera, la pretensión es coartar la independencia del Tribunal Supremo Electoral, y convertirlo en un ente obediente y al servicio del Congreso de la República.  

Es necesario remarcar la importancia de la independencia de los organismos electorales en todas las legislaciones, para salvaguardar la evolución y participación democrática.

4. COMISIÓN ESPECÍFICA DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS. (Artículos 23 al 28: Reforma artículos 136 al 141 del Decreto 1-85).  

La postulación y elección de Magistrados del Tribunal del Supremo Electoral queda destinada exclusivamente al Congreso de la República. Mutila la independencia del Tribunal Supremo Electoral, transformándolo en un vasallo de los diputados al Congreso de la República, evidenciando desconocimiento del origen y  la naturaleza jurídica del Tribunal Supremo Electoral.

5.  PROCESO ELECTORAL:

A)   Convocatoria. (Artículo 30: reforma artículo 196 del Decreto  1-85).

Inexplicablemente se amplía la fase de inscripción de candidatos y cambia de junio a octubre la celebración de elecciones generales, con lo cual complica los plazos del proceso electoral generando consecuencias dramáticas e impredecibles.

B)  De la mayoría relativa en la elección de alcaldes y síndicos.  (Artículo 31: Reforma  artículo 202 del Decreto 1-85).  

Se exigiría realmente, un sistema de mayoría absoluta (segunda elección) o calificada (más de 25% y 5% de diferencia).  Sería difícil que resulte electa una planilla en la primera vuelta; obligando a una segunda elección, duplicando el costo del proceso electoral con la participación de casi la mayoría de alcaldes y síndicos; sin olvidar los casos en que el voto nulo obtenga mayoría absoluta, lo cual complicaría imprevisiblemente el proceso electoral, con alta probabilidad de ser violento en ambas vueltas o elecciones o repetición, generada por disputa del poder.

C)  REVISIÓN DE RESULTADOS DE VOTACIONES.  (Artículos 40 y 41: Adicionan último párrafo artículo 238, y artículo 239 Bis. del Decreto 1-85).  

a) Al regular hasta tres oportunidades para revisión de resultados se afecta la dinámica del proceso electoral, asimismo quebranta la certeza jurídica y la transparencia del mismo, pues esta  radica en que el ciudadano  es quien cuenta los votos y no otro empleado o funcionario público:

 

1.  Aplicando el procedimiento del Reglamento (Art. 111);

 

2. Ante la “duda justificada”  –demasiado amplio y subjetivo–. (Art. 238);

 

3. Con fundamento en las incongruencias de las Actas de las JRV). (Art. 239 Bis.)

 

b) Se pasa por alto que las Actas de las Juntas Receptoras de Votos no son resultados definitivos y susceptibles de modificación en las audiencias de revisión.

 

c) En caso de mayoría de voto nulo, la regulación propuesta no contempla un periodo para realizar la convocatoria a Asambleas e inscripción de candidatos. (8 días/30 días).

 

d)  Para iniciar el procedimiento de nulidad por mayoría de votos nulos, es necesario que los resultados sean firmes. Si los partidos políticos hacen uso de la “revisión por incongruencias” de las Actas de las Juntas Receptoras de Votos, es materialmente imposible que se repitan en tiempo, las elecciones.

 

e)  Al regular la remisión de copia digitalizada de actas de cada Junta Receptora de Votos,  Art. 20 literal e), resultaría innecesaria (copias digitalizadas se muestran en la página web) y además pone en riesgo el cumplimiento de los plazos del proceso electoral ya que puede derivar en una revisión antojadiza de escrutinios dos semanas después de la elección. (Art. 239 Bis.) 

 

D) Representación proporcional de minorías con derecho a voto preferente. (Artículo 33: adiciona el artículo 203 del Decreto 1-85).  

 

a)  Implica un sistema confuso y complejo y se presta a errores intencionales o no en el conteo de votos, con mayor probabilidad en el interior de la República.

 

b) Doble voto: Se computa dentro de los votos del partido y dentro de los votos directos al candidato. Genera antinomia con el Artículo 12 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

 

c)  Existe el factor de puestos invertidos que siempre le dará mayor probabilidad a quien encabeza la lista del partido.

 

 d) Los subdistritos (Art. 205), contradice el artículo 157 de la Constitución Política; adicionalmente, hay que analizar su impacto en la logística electoral (complejidad y tiempo) y los costos asociados (proceso más oneroso).

 

 e) Resultaría necesario redefinir la residencia electoral para determinar al subdistrito en donde correspondería a cada ciudadano votar. (Art, 203 Bis. Se adiciona).

 

E)  POSTULACION E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS.  (Artículos 37, 38 y 39: reforma  literal g) adiciona literal h) y último párrafo artículo 214, se adiciona artículo 214 Bis. y se adiciona penúltimo párrafo artículo 216 del  Decreto 1-85), la propuesta determina: 

 

a)  La exigencia de la constancia de afiliación al partido político para la inscripción de candidatos sería inconstitucional, ya que limita injustificadamente el derecho político de ser electo (Expediente 5352-2013 de la Corte de Constitucional). Quebranta el derecho de libre asociación (Art. 34 Constitución) y antinomia (Art. 17 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos).  

 

b) Que el Tribunal Supremo Electoral no podrá solicitar otros requisitos que los descritos en el artículo específico (la verdadera intención es anular, por jerarquía normativa lo dispuesto en el Reglamento). Al redactar que fija criterios, es falso porque tasa los requisitos. (Art. 214 Bis)

 

c)  Si la autoridad no emite previos o resolución negativa de inscripción: Informe al Registro de Ciudadanos por parte de Organizaciones Políticas o Delegación departamental (dos días). Registro de Ciudadanos resolverlo en tres días y en caso de recurrirse de Nulidad,  el TSE debe resolver la negativa en tres días. SE DARÁ POR ACEPTADA LA INSCRIPCIÓN.  Estableciendo  con esto, un funesto silencio Administrativo positivo, en beneficio de la inscripción de candidatos. Constriñe la independencia del Tribunal. (Adición párrafo al artículo 216).

 

d) Limitan al Tribunal Supremo Electoral en relación con los criterios de los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, que exige la Constitución.

 

FINALIDAD DE LA NORMA: IMPEDIR AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL REVISAR DE FORMA INTEGRAL  LAS SOLICITUDES  EN UN TIEMPO PRUDENCIAL, PARA LOGRAR LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS INSCRIBIR  A LA TOTALIDAD DE CANDIDATOS.

 

6.   CONSULTA POPULAR.  (Artículos 42, 43, 44: reforma: artículo 250 Bis. se adiciona artículo 250 Ter. y  250 Quáter del  Decreto 1-85). 

 

La Consulta Popular, regulada en la Constitución Política es de trascendencia nacional (no distrital, municipal, regional o comunitario), a iniciativa del Congreso de la República o el Presidente de la República. Y pueden ser causas: Decisiones de trascendencia nacional, las ratificaciones a reformas constitucionales, y el caso de Belice. Así lo disponen los artículos 173, 280 y 19 de las Disposiciones transitorias finales de la Constitución de la República y en los expedientes 1643 y 1654-2005 de la Corte de Constitucionalidad. De acuerdo con Jorge Gabriel Jiménez, “aspectos como las consultas comunitarias en relación con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo tienen una naturaleza distinta al ejercicio de los derechos políticos y deben regularse en un cuerpo legal distinto. Incluirlas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos seria desvirtuar y complicar el tema”.

7.  VIGENCIA

No especifica en cual proceso electoral iniciará su vigencia (2019 o 2023). No existe un tiempo prudencial para viabilizar su aplicación en 2019, de igual manera, en 2023 sería una Magistratura nueva la que tuviera que afrontar las modificaciones realizadas, a poco tiempo de asumir el cargo.

El presente análisis  no aborda contenidos que  por exclusión se estiman positivos; destacando únicamente las modificaciones que pueden tener impacto negativo en el sistema político-electoral, en perjuicio de los partidos de reciente creación y favoreciendo aquellas organizaciones políticas más grandes. 

 

 

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